La Comisión Europea ha publicado la nueva Directiva 2011/7/EU para combatir el retraso en los pagos de las operaciones comerciales en la Unión Europea, que sustituye a la Directiva del año 2000.
La morosidad es uno de los obstáculos a la libre circulación de bienes y servicios en el mercado único, y constituye uno de los mayores problemas para las empresas, especialmente para las PYME, ya que incide de manera muy negativa en su financiación.
Por ello la nueva Directiva contempla reglas tanto para los pagos de las autoridades públicas a las empresas, como entre las propias empresas. Es de destacar que las autoridades públicas están obligadas a pagar en 30 días, si bien se establecen algunas circunstancias excepcionales, en cuyo caso el plazo se amplía hasta los 60 días.
También se establecen los casos en los que las empresas pueden reclamar un interés y una compensación por los costes que el incumplimiento de los plazos les pueda ocasionar.
El texto en español de la Directiva está disponible en:
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